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Justicia pone a disposición de Ucrania personal forense para investigar crímenes de guerra en su territorio

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Guerra en Ucrania

Un equipo multidisciplinar de forenses y otros profesionales colaborarán con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Gobierno ucraniano en trabajo de campo, mientras que el INTCF analizará las muestras y vestigios recogidos.

La ministra de Justicia ha indicado que se muestra “orgullosa de que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de Ucrania hayan depositado su confianza en estos profesionales españoles para esclarecer los posibles crímenes de guerra».

El Ministerio de Justicia va a poner a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de la Unión Europea (UE) y del Gobierno de Ucrania un grupo de expertos españoles en labores forenses y de investigación criminal, para valorar los posibles crímenes de guerra internacionales producidos en territorio ucraniano.

Así, el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop, que se ha mostrado “orgullosa de que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de Ucrania hayan depositado su confianza en estos profesionales españoles para esclarecer estos posibles crímenes de guerra», formará un equipo multidisciplinar de forenses y otros profesionales para colaborar con la Fiscalía de la CPI en el trabajo de campo en Ucrania.

Del mismo modo, se pondrán a disposición de esta Fiscalía los medios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) para la recepción y análisis de las muestras y vestigios recogidos, así como otros recursos de ámbito nacional.

En una primera fase, se pondrán a disposición de la CPI un total de 39 expertos forenses, organizados en diferentes equipos. De ellos, 29 serán médicos forenses, mientras que los 10 restantes serán oficiales de actividades forenses (autopsias).

Igualmente, se dispondrá de distintos forenses y facultativos en el seno del INTCF, que se encargarán de la recepción y análisis de muestras y vestigios que les vayan llegando.

Todos ellos son profesionales de gran cualificación de los que la ministra de Justicia ha destacado “su reconocimiento y valoración de su prestigio internacional», así como “la rápida respuesta de los profesionales del INTCF en el apoyo a estas investigaciones».

Estos profesionales pertenecen a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Cáceres, Cantabria, La Rioja, Madrid, Valencia, Baleares, Huelva, Valladolid, Salamanca, Badajoz, Granada, Alicante, Galicia, Murcia y Cataluña. No obstante, se prevé que en los próximos días se incorporen más facultativos de los IMLCF de otras provincias. Tanto el número de expertos como los institutos implicados podrán ampliarse, ya que se tendrán en cuenta las diferentes necesidades que se vayan identificando durante los trabajos.

La participación del Ministerio de Justicia se concretará a través de una Autoridad Única de Coordinación Jurídico Forense, dirigida por la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y por la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, con participación del director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).

Con estas medidas, el Gobierno de España atiende las peticiones de colaboración realizadas el pasado mes de marzo por parte de la Fiscalía de la CPI, para llevar a cabo investigaciones sobre la posible comisión de crímenes internacionales en territorio ucraniano. Concretamente, se solicitaba el envío de Expertos Nacionales Destacados (ENDs), que realizaran tareas de recogida, análisis y tratamiento de pruebas, así como entrevistas a víctimas y testigos y labores de investigación criminal sobre la comisión de delitos sexuales, de violencia de género y contra menores.

De la misma forma, el comisario de Justicia de la UE se puso en comunicación hace unos días con los ministros de Justicia de los Estados miembros, para comunicarles la intención de la Comisión Europea de colaborar con la CPI y el Gobierno ucraniano en la investigación de estos posibles crímenes y de la solicitud concreta de las autoridades ucranias de personal forense y expertos en investigación criminal.

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